matanza del Barranco del Gavatx Fusilamiento ERC
Gavatx
En la noche del 9 al 10 de septiembre de 1936, en Puigcerdá (Gerona), Esquerra Republicana de Cataluña elaboró en su local la «lista negra» con los nombres de veintiún vecinos que fueron detenidos en sus domicilios y encerrados en la prisión de la villa por no ser afectos a la ideología del Frente Popular. Al día siguiente, el Comité Revolucionario de Puigcerdá dio la orden de ejecutarlos: los milicianos los trasladaron en camión hasta el paraje conocido como el Barranco del Gavatx, en el término municipal de Urtx (Fontanales de Cerdaña), donde fueron fusilados veinte de ellos. Según la investigación historiográfica más reciente (Antonio Gastón y Agustín Guillamón, Nacionalistas contra anarquistas en la Cerdaña, 2018), las ejecuciones fueron ordenadas por Eliseu Font i Rius, secretario comarcal de ERC.
Los veinte fusilados en el barranco de Gavatx
Según la documentación conservada por el Archivo Comarcal de la Cerdaña, las víctimas fueron:
Manuel Arró Auger, Joan Arró Auger y Enric Arró Auger (los tres hermanos); Bonaventura Caralps Ribas; Martí Cerdà Serra y su hijo Francesc Cerdà Vergés; Joan Casals Cirera; Áureo Comamala López de Delpan; Ramon Cosp Esteva; Joan Diumenge Martí; Tomàs Estany Clusellas; Antoni Estanyol Caminal; Baldomer Giménez Manaut; Romà Llanas Maurell; Joan Pallarès Fabra; Ramon Peitx Junoy; Josep Mª Plana Plana; Antoni Torà Cerdà; Joan Truñó Sirvent, y Josep Turiera Puigbò.
El único detenido que logró salvar la vida fue Jaume Bragulat Sirvent, quien consiguió escapar de sus captores y huir a Francia antes de ser conducido al lugar de la ejecución. Treinta años después relató aquella noche compartida en la prisión de Puigcerdá en el libro «25 anys de vida Puigcerdanesa».
Una autoría largamente atribuida a los anarquistas
Durante décadas, la responsabilidad de la matanza se atribuyó al dirigente anarquista local Antonio Martín Escudero, conocido como «el Cojo de Málaga», hombre fuerte del Comité Revolucionario de la Cerdaña. La documentación de archivo desmonta ese relato: el propio Martín ni siquiera estaba en la población esa noche, sino de gira por Francia recaudando ayuda para la causa revolucionaria. Según un boletín de la CNT-FAI de la época, los anarquistas locales rechazaron internamente la matanza, ya consumada, y llegaron a plantear en asamblea popular la disolución del propio Comité Revolucionario; pese a ello, y en nombre de la «unidad antifascista» frente al bando sublevado, no denunciaron públicamente a los responsables de ERC.
Un episodio más de la violencia de retaguardia en Cataluña
El Barranco del Gavatx no fue un hecho aislado. En Ripoll, donde el PSUC ejercía entonces un control determinante en connivencia con el nacionalismo radical, fueron asesinadas treinta y cuatro personas según la Causa General, catorce de ellas militantes de la CEDA y solo cuatro de Acción Católica, lo que revela que en muchos casos primó el ajuste de cuentas político sobre la persecución estrictamente religiosa. En Barcelona, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña dispuso de sus propias fuerzas de seguridad paralelas, las Patrullas de Control, responsables entre otras acciones de la persecución a los Hermanos Maristas, que costó la vida a 172 religiosos entre julio y octubre de 1936. La ciudad llegó a contar con una cuarentena de checas o prisiones extrajudiciales controladas por distintas organizaciones del Frente Popular —CNT-FAI, PSUC, ERC, Estat Català—, en las que se calcula que fueron ejecutadas sin juicio previo entre 1.500 y varios miles de personas solo entre septiembre de 1936 y abril de 1937, muchas de ellas en los cementerios de Montcada i Reixac. En el conjunto de Cataluña, distintas investigaciones sitúan el número total de víctimas de esta represión de retaguardia entre 8.000 y 12.000 personas a lo largo de toda la guerra.
A noventa años de aquella guerra, todas las víctimas inocentes merecen ser recordadas, fueran del bando que fueran.
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