Condenado por una sublevación que estalló cuando llevaba cuatro meses preso, fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936. Quién dio la orden sigue enfrentando a dos ministros del propio Gobierno republicano
Hoy hace 90 años, al amanecer del 20 de noviembre de 1936, fue fusilado en la cárcel de Alicante José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Tenía 33 años.
Hijo del general Miguel Primo de Rivera, había nacido en Madrid el 24 de abril de 1903 y era abogado. El 29 de octubre de 1933 presentó Falange en el Teatro de la Comedia y un mes después obtuvo un escaño de diputado por Cádiz.
En febrero de 1936 no renovó el acta y perdió la inmunidad parlamentaria. El 12 de marzo, cuatro pistoleros del sindicato estudiantil falangista SEU atentaron en Madrid contra el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, en represalia por el asesinato de dos jóvenes de Falange y de Acción Católica. Jiménez de Asúa salió ileso, pero su escolta, Jesús Gisbert, murió a las pocas horas. El Gobierno de Azaña ordenó cerrar las sedes de Falange. El 14 de marzo, José Antonio fue detenido junto a Raimundo Fernández-Cuesta y Julio Ruiz de Alda por no respetar la clausura de la sede del partido en la calle Nicasio Gallego, cerrada desde el 27 de febrero porque se habían encontrado armas y porras.
Ya no saldría con vida de una prisión. A cada causa que se cerraba le seguía otra nueva: publicación clandestina, asociación ilícita y, por último, tenencia de armas por dos pistolas que, según declaró él mismo, aparecieron en su casa sin una mota de polvo. En junio lo trasladaron a la cárcel de Alicante, donde le sorprendió el 18 de julio.
Un juicio sin garantías
En noviembre lo juzgó el Tribunal Popular de Alicante junto a su hermano Miguel y su cuñada Margarita Larios. Presidía el magistrado Eduardo Iglesias del Portal y actuaba como fiscal Vidal Gil Tirado. Lo acusaron de rebelión militar por una sublevación que había estallado cuando él llevaba cuatro meses en la cárcel. No pudo tomar parte en ella. La acusación sostuvo que, desde prisión, se había carteado con los militares que la organizaban y que el 19 de julio entregó una carta para que la guarnición de Tarifa se sumara al alzamiento.
No fue precisamente un juicio con garantías. El jurado lo formaban catorce miembros designados por los partidos y sindicatos del Frente Popular, es decir, por sus adversarios políticos. Entre las preguntas que debían responder figuraba si José Antonio era «persona peligrosa para el régimen republicano» por sus actividades políticas: se juzgaban sus ideas, no solo sus actos. El jurado lo declaró culpable en la madrugada del 18 de noviembre. José Antonio fue condenado a muerte; su hermano, a reclusión perpetua; su cuñada, a seis años de prisión. Dos días después ya estaba fusilado.
Dos ministros, dos versiones
¿Quién dio la orden? Hay dos versiones, y las dos proceden del propio Gobierno de la República. Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros, escribió en sus memorias que estaban reunidos, con el expediente sobre la mesa, cuando llegó un telegrama comunicando que Primo de Rivera ya había sido fusilado. Aseguró que se negó a firmar el «enterado» para no legalizar un hecho consumado.
El anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia, lo desmintió en su autobiografía, El eco de los pasos. Según su relato, Largo Caballero preguntó si había alguna objeción y se hizo «un silencio de plomo». El ministro Esplá propuso retrasar la ejecución para canjear a José Antonio por un hijo de Largo Caballero. Largo Caballero lo cortó: el Consejo no estaba para pensar en su hijo. Y concluyó: «Será enviado el «enterado»».
Aquella madrugada, el Comité Popular Provincial de Defensa de Alicante entregó al pelotón a cinco presos: José Antonio Primo de Rivera, Ezequiel Mira Iniesta, Luis Segura Baus, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López.
Tampoco del otro lado hubo prisa por salvarlo. Según el historiador Paul Preston, el falangista Ramón Cazañas propuso canjearlo por la mujer y la hija del general Miaja, presas en Melilla, pero Franco no facilitó los salvoconductos.
En su testamento, escrito en la cárcel de Alicante pocas horas antes de morir, José Antonio dejó esta frase: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles». No lo fue.
Esta historia se cuenta con más detalle en Mentiras desveladas y víctimas inocentes de la Guerra Civil, de Darío Madrid.