El 19 de julio de 1936 se podían leer los siguientes titulares en los periódicos de Madrid: «Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen» (Ahora); «Se sublevan núcleos del Ejército en Marruecos y Sevilla, con los cuales luchan fuerzas leales» (El Sol); «En Marruecos se inicia un foco de rebelión contra la República» (El Liberal); «Notas oficiales radiadas por el gobierno de la República acerca del movimiento militar» (ABC).
El Gobierno, a las ocho y media de la mañana del 18 de julio de 1936, había emitido la siguiente nota a través de la radio: «Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. El Gobierno no ha querido dirigirse al país hasta tener el conocimiento exacto de lo sucedido y poner las medidas para combatirlo. Una parte del Ejército que representa a España en Marruecos se ha sublevado en armas contra la República, volviéndose contra su propia patria, realizando actos vergonzosos contra el Poder nacional. El Gobierno declara que el movimiento está circunscrito a determinadas ciudades del Protectorado, y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península a tan absurdo intento. Por el contrario, los españoles han reaccionado unánimemente y con la más profunda indignación contra esa tentativa, frustrada en su nacimiento».
Nada más lejos de la realidad. En la misma página del diario Ahora en la que se publicaba el comunicado del Gobierno aparecía una nota del Ministerio de la Gobernación que ya reconocía lo contrario: «El general Queipo de Llano ha declarado facciosamente el estado de guerra en Sevilla. En Sevilla las autoridades legítimas tienen a raya a los sediciosos. La población civil presta fervoroso y entusiasta auxilio al gobernador y fuerzas a sus órdenes, que se mantienen con magnífico espíritu, realizando una admirable defensa de la República, con la confianza de que solo con sus propios medios pueden dominar muy pronto la situación. De lugares cercanos salen fuerzas de auxilio para Sevilla».
El 19 de julio de 1936 la sublevación había triunfado, o estaba en vías de hacerlo, en un territorio de unos 240.000 kilómetros cuadrados que se extendía desde Galicia hasta la línea formada por las tres capitales aragonesas, abarcando la práctica totalidad de León y Castilla la Vieja, parte de Cáceres, y las provincias de Álava y Navarra. En Andalucía el alzamiento se hizo con Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada, capitales cuyo control facilitó el traslado de las tropas africanas a la Península.
La reacción del Gobierno al golpe militar
En julio de 1936 el Consejo de ministros estaba presidido por Santiago Casares Quiroga, nombrado por Manuel Azaña el 13 de mayo de ese año, cuando este accedió a la presidencia de la Segunda República tras la sustitución de Niceto Alcalá Zamora. Casares Quiroga había sido ministro de la Gobernación en anteriores gobiernos republicanos, pertenecía al mismo partido que el presidente —Izquierda Republicana— y era una figura destacada del republicanismo liberal de izquierdas. Padecía, eso sí, una salud frágil, minada por una tuberculosis que nunca logró superar del todo; en 1936 no existían aún los antibióticos que después sanarían a la mayoría de los enfermos.
Antes de que estallara la sublevación, el Gobierno de Casares Quiroga tuvo noticias de que existía una conspiración desde sectores de la derecha para hacerse con el control de la República. El Ejecutivo del Frente Popular había dispuesto ya varias medidas para imponer la disciplina militar, varios miles de derechistas habían sido detenidos bajo acusaciones poco sólidas y los principales líderes de la derecha estaban bajo vigilancia. El 10 de julio de 1936, según Stanley Payne, Casares Quiroga informó en Consejo de ministros de la existencia de una conjura militar próxima a estallar, pero, al carecer de pruebas concluyentes, se decidió no tomar medida alguna y esperar a que reventara para sofocarla por completo.
Cuando el 17 de julio de 1936 tuvo noticia de que el levantamiento se había iniciado en Melilla, Casares Quiroga ordenó al comandante principal del Protectorado, el general Agustín Gómez Morato, que aplastara de forma expeditiva la rebelión, confiando en exceso en que las fuerzas leales a la República en Marruecos pudieran contenerla. Convocó además un Consejo de ministros esa misma noche, que ordenó enviar instrucciones a las autoridades civiles y militares para garantizar la lealtad de l as tropas y de los cuerpos de seguridad del Estado. Al día siguiente ya se sabía que la rebelión había triunfado en el Protectorado y que comenzaba a estallar en otras partes de la Península con gran violencia: se hicieron frecuentes los llamados «paseos», el degüello y los tiros en la sien.
La gravedad de la situación llevó a Casares Quiroga a presentar su dimisión en la noche del 18 de julio de 1936. Azaña encargó la formación de gobierno a Diego Martínez Barrio, masón y con trato con algunos de los cabecillas de la rebelión, con instrucciones de formar un gabinete con republicanos ajenos al Frente Popular y sin contar con los comunistas. Martínez Barrio logró formar gobierno con miembros de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano, pero se topó con la oposición del PSOE, que seguía la estrategia ideada por Largo Caballero de esperar a que los republicanos cayeran para hacerse con el poder. Esa misma noche, Martínez Barrio consiguió hablar por teléfono con el general Mola, cabecilla de la rebelión, quien le respondió que ya era demasiado tarde para detener el golpe.
La calle se echa encima del Gobierno y cae Martínez Barrio
Al día siguiente, el 19 de julio de 1936, socialistas, comunistas y anarquistas convocaron una gran manifestación por el centro de Madrid en la que los participantes exigían armas mientras gritaban consignas contra el gobierno de Martínez Barrio. Esa misma jornada ardió por completo la iglesia de San Andrés y quedaron parcialmente incendiados los conventos de las Salesas Reales y de las Mercedarias, además de varias iglesias de los barrios obreros, donde se destruyeron altares, imágenes religiosas y archivos parroquiales. Ante ello, Martínez Barrio dimitió como presidente del Consejo de ministros sin que hubieran transcurrido más de seis horas desde su nombramiento.
Azaña convocó entonces a los representantes de los partidos políticos y de los sindicatos en el Palacio Nacional —el Palacio Real—, reunión de la que salió investido presidente del Consejo José Giral. El PSOE se negó a formar parte del gobierno, aunque le prestaría apoyo siempre que se procediera al reparto de armas entre los sindicatos. Mientras tanto, en el Protectorado, Francisco Franco había logrado llegar a Tetuán para ponerse al frente del Ejército, y la Armada leal al Gobierno no consiguió evitar que los sublevados comenzaran a enviar tropas hacia la Península por mar y por aire, con apoyo aéreo alemán e italiano.
Para el historiador Santos Julia, el reparto de armas a los sindicatos marcó un punto de no retorno hacia la revolución: el Gobierno perdía el control de los acontecimientos al carecer de un ejército operativo, de fuerzas de seguridad fiables y de un aparato judicial capaz de funcionar; con las cárceles abiertas y sin funcionarios en sus puestos, el Estado se desmoronaba en el territorio no controlado por los rebeldes, y el poder efectivo pasaba a las patrullas obreras que, sin control superior, controlaban accesos y exigían documentación en calles y carreteras.
El mapa de la sublevación: Barcelona, Madrid, Zaragoza, Asturias, Pamplona y Valencia
Mientras el Gobierno se recomponía en Madrid, la suerte del golpe se decidía calle a calle en varias capitales, con resultados muy distintos.
En Barcelona, la guarnición militar, unos 5.000 hombres al mando de Fernández Burriel y Legorburu, se sublevó el 19 de julio y llegó a ocupar la plaza de Cataluña, pero se encontró con una respuesta inmediata de fuerzas de orden público, la Guardia Civil y milicias obreras que obligaron a los sublevados a entablar fuertes luchas callejeras desde el primer momento. El general Manuel Goded, llegado desde Mallorca para tomar el mando de la sublevación en Cataluña, acabó rindiéndose e izando bandera blanca cuando las baterías tomadas al ejército comenzaron a disparar contra la Capitanía General, y fue trasladado al Palacio de la Generalitat, donde le esperaba el presidente Companys. Solo resistieron ya el 20 de julio los reductos del cuartel de Atarazanas y el convento de los Carmelitas, tomados ese mismo día tras un intenso asedio con artillería y aviación.
En Madrid, el general Joaquín Fanjul entró de paisano el 19 de julio en el Cuartel de la Montaña, en la montaña del Príncipe Pío, donde se hizo fuerte junto a unos 1.500 hombres, entre ellos varios centenares de falangistas, a la espera de refuerzos desde Getafe, Cuatro Vientos y Campamento que nunca llegaron. Guardia Civil, Guardias de Asalto y unos 6.000 milicianos armados apenas horas antes rodearon el cuartel casi de inmediato, que fue bombardeado con artillería durante la madrugada del 20 de julio hasta su rendición hacia el mediodía. Cuando entraron los milicianos masacraron a la mayoría de los soldados que encontraron en su interior.
En Zaragoza, el general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, se sumó a la sublevación el 19 de julio, tras ordenar el día anterior la detención de numerosos dirigentes republicanos y obreros para neutralizar cualquier resistencia, y logró el respaldo de la Guardia Civil y de Asalto de la ciudad. El triunfo del golpe en la capital aragonesa se extendió sin apenas resistencia a Huesca, Teruel y Calatayud.
En Asturias, el coronel Antonio Aranda, jefe de la guarnición de Oviedo, jugó un doble juego: mantuvo hasta última hora una apariencia de lealtad a la República, tenía fama de masón y liberal, mientras preparaba en secreto la sublevación, y llegó incluso a autorizar la salida de varios miles de mineros armados hacia Madrid, alejándolos así de la ciudad. La noche del 18 de julio de 1936 se entrevistó en secreto con el coronel Pinilla, jefe militar de Gijón, para coordinar la declaración simultánea del estado de guerra en ambas ciudades, que se produjo el 19 de julio. Oviedo cayó en manos rebeldes casi sin combate, mientras Gijón quedó dividida y resistió sitiada durante semanas.
En Pamplona, el general Emilio Mola, gobernador militar de la plaza y verdadero organizador del golpe bajo el seudónimo de «el Director», esperó hasta el amanecer del 19 de julio, una vez concluidas las fiestas de San Fermín, para proclamar el estado de guerra. Contaba con el respaldo decisivo de los requetés carlistas, movilizados desde toda Navarra, que se concentraron esa misma mañana en la plaza del Castillo. La sublevación triunfó allí sin apenas resistencia armada: el único intento de oposición, protagonizado por el comandante de la Guardia Civil José Rodríguez-Medel, terminó con su muerte el 18 de julio. Al día siguiente fueron detenidas las principales figuras políticas y sindicales republicanas de la ciudad, y columnas de militares y requetés partieron ya el 20 de julio hacia la Ribera navarra y el frente de Aragón.
En Valencia, por el contrario, el golpe fracasó por indecisión de sus propios promotores. El general Manuel González Carrasco, designado por Mola para encabezar la sublevación en la III División Orgánica, llegó a la ciudad la víspera del alzamiento previsto para el domingo 19 de julio de 1936, pero, obligado a cambiar de domicilio esa misma noche para evitar ser detenido, dudó y no llegó a dar la orden a las tropas. El general Martínez Monje, jefe de la división, mantuvo una postura ambigua, leal de palabra a la República, pero sin actuar contra los oficiales golpistas, que prolongó la incertidumbre durante casi dos semanas, mientras los cuarteles de la Alameda permanecían acuartelados sin decidirse a salir a la calle. La huelga general decretada el 20 de julio y la negativa de Luis Lucia, líder de la Derecha Regional Valenciana, a sumar a sus hombres a la asonada, terminaron de desactivar el intento, que solo se resolvería con la rendición de los últimos cuarteles sublevados a principios de agosto.
En apenas tres o cuatro días, del 17 al 20 de julio de 1936, España quedó fracturada en dos: un mapa que no obedecía tanto a la voluntad de la población como a la lealtad, o la indecisión, de los mandos militares de cada guarnición, y que marcaría desde entonces el curso de la Guerra Civil.