¿Qué fueron los juicios de residencia del Imperio Español?

Los juicios de residencia fueron un procedimiento de fiscalización habitual en los territorios americanos de la corona de España en base al cual los virreyes, los presidentes de audiencia, alcaldes, alguaciles y otros funcionarios eran auditados al finalizar su mandato con el objetivo de evaluar su actuación y comprobar que habían cumplido con sus obligaciones, no habían abusado de su poder y administrado correctamente la justicia.

Los juicios de residencia tenían su origen en el derecho romano tardío y fueron recogidos por la Partidas de Alfonso X el Sabio: los jueces tenían que permanecer en su puesto cincuenta días tras su cese a fin de responder de las reclamaciones que les pudieran plantear. Las Cortes de Burgos de 1308 ampliaron el juicio de residencia a la totalidad de los oficiales del rey,

Una vez terminada la vigencia de su cargo el virrey tenía que permanecer en el territorio que había gobernado esperando a que su sucesor o un juez especial designado al efecto realizará el juicio de residencia. Además, tenía que presentar una memoria en la que explicara como había ejercido su poder.

La persona encargada de llevar a cabo el juicio de residencia tomaba testimonio sobre el comportamiento y la administración llevada a cabo por el virrey saliente incluyendo denuncias por malversación, corrupción, crueldad o injusticia. También revisaba los registros oficiales y los documentos contables para verificar la gestión administrativa y económica. Este procedimiento solía durar meses e incluso años.

En caso de encontrar alguna anomalía el “juez de residencia” enviaba su sentencia al Consejo de Indias o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas más usuales eran las multas, pero de igual manera podían ser penas corporales, inhabilitación temporal o perpetua, suspensiones del empleo sin percibir sueldo, reintegros a la Real Hacienda de cantidades indebidamente percibidas o satisfechas indebidamente, destierro y traslado.

Hernán Cortés tuvo que soportar su correspondiente juicio de residencia. Este último fue acusado de abuso de poder, desobediencia a la corona y malversación por supuestamente haberse quedado con parte del quinto real destinado a la corona.

Otros como Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias, fueron encontrados culpables. Heredia fue condenado a prisión y a la confiscación de sus bienes. Lo mismo ocurrió con José Manuel Solís Folch, tercer virrey de Nueva Granada, que fue condenado por fraude y disipación del erario público.