Ultimamente se ha extendido en España una corriente que podríamos llamar talibanismo lingüístico, una especie de policía del idioma empeñada en imponer cómo debemos nombrar nuestras ciudades y pueblos. No basta con respetar las lenguas cooficiales —algo legítimo —, sino que se pretende prohibir el uso de los nombres en castellano, aunque esos topónimos lleven siglos en nuestra lengua.
Una cuestión de exónimos
La práctica de adaptar el nombre de una ciudad extranjera a la propia lengua es universal. En castellano hablamos de Londres (London), Múnich (München), Florencia (Firenze) o Pekín (Beijing). Nadie en Alemania exige que escribamos München, ni los ingleses se ofenden porque digamos Londres. Es un fenómeno natural del idioma, reconocido por la Real Academia Española y por cualquier manual de lingüística.
Sin embargo, en ciertas comunidades autónomas españolas, algunos sectores nacionalistas consideran una ofensa que se escriba La Coruña en lugar de A Coruña, Orense en lugar de Ourense, o Lérida en lugar de Lleida. Lo curioso es que en muchos casos los nombres en castellano son más antiguos que las propias normativas que los prohíben. Por cierto ellos no se privan de escribir Saragossa cuando se refieren a la capital de Aragón.
Imposición y censura
La obsesión llega al extremo de sancionar administrativamente el uso de los topónimos en castellano en documentos oficiales, carteles o publicaciones. Esto supone una anomalía democrática: se cercena la libertad de expresión en la lengua común de todos los españoles, relegando el castellano a una suerte de idioma prohibido dentro de su propio territorio.
No se trata de fomentar el uso de las lenguas cooficiales —algo que enriquece el patrimonio cultural—, sino de imponer por la fuerza un monolingüismo local y borrar cualquier rastro del castellano en la vida pública.
El problema de fondo es político, no lingüístico. Se utiliza la lengua como arma de identidad excluyente, negando la convivencia natural de los idiomas que siempre ha existido en España. Nadie discute que se pueda decir Ourense en gallego; lo absurdo es prohibir que alguien diga Orense en castellano.
La diversidad lingüística debería ser un campo de libertad, no un terreno de censura. Defender el castellano no significa atacar las lenguas cooficiales, sino reivindicar el derecho a nombrar en nuestra lengua lo que forma parte de nuestra historia.
Los topónimos en castellano existen, tienen tradición y forman parte de nuestro acervo. Pretender borrarlos es un ejercicio de intolerancia que recuerda más a un talibanismo cultural que a un verdadero amor por las lenguas.