Salvador Viniegra, La promulgación de la Constitución de 1812 (1912). Dominio público. Imagen del contexto constitucional gaditano; no representa el decreto de imprenta de 1810.
El 10 de noviembre de 1810, las Cortes Generales y Extraordinarias aprobaron en la Real Isla de León el decreto de libertad política de la imprenta. La disposición permitió publicar ideas políticas sin una autorización previa y convirtió la circulación de opiniones en una cuestión central de la transformación institucional española. Han pasado 216 años desde una norma que abrió un espacio nuevo para el debate, aunque mantuvo responsabilidades, sanciones y una importante excepción en materia religiosa.
Una reforma antes de la Constitución
La fecha está documentada por el Congreso de los Diputados y por el repertorio de legislación histórica de la Universidad Miguel Hernández. El decreto fue firmado por Luis del Monte como presidente, y por Evaristo Pérez de Castro y Manuel de Luján como secretarios. Su texto apareció en la Gaceta de la Regencia del 15 de noviembre. Conviene distinguir la fecha de la disposición, el día 10, de la orden de ejecución de la Regencia del 11 y de su posterior difusión impresa.
El propio encabezamiento sitúa a las Cortes en la Real Isla de León y presenta al Consejo de Regencia actuando en ausencia y cautividad de Fernando VII. Ese marco permite comprender que la reforma se elaboró en circunstancias excepcionales. La libertad de imprenta no aguardó a la Constitución de 1812: formó parte de las decisiones tempranas de las Cortes. La cronología parlamentaria recoge debates sobre el proyecto durante octubre y los primeros días de noviembre de 1810.
Publicar sin pedir permiso
El preámbulo atribuía a la publicación de pensamientos políticos varias funciones: limitar la arbitrariedad del gobierno, instruir a la nación y dar a conocer la opinión pública. El artículo primero trasladaba esas aspiraciones a una regla concreta. Los cuerpos y los particulares podían escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin licencia, revisión o aprobación anterior. La novedad afectaba al momento en que intervenía la autoridad: la publicación dejaba de depender, en ese ámbito, de superar primero un control obligatorio.
El segundo artículo abolía los juzgados de imprentas existentes y la censura anterior a la impresión de obras políticas. Sin embargo, el tercero hacía responsables a autores e impresores de los abusos. Esa combinación resulta esencial para entender el alcance de la norma. Eliminar el permiso previo no equivalía a declarar irrelevante lo publicado. Las Cortes intentaban conciliar la apertura de la discusión con mecanismos para perseguir determinados escritos una vez puestos en circulación.
Los límites de aquella libertad
El decreto enumeraba categorías de publicaciones castigables, entre ellas las calumniosas, las consideradas subversivas de las leyes fundamentales de la monarquía y las contrarias a la decencia pública. Correspondía a jueces y tribunales investigar y sancionar los delitos de imprenta según las leyes y el reglamento. No era, por tanto, una libertad definida en los mismos términos que hoy. Sus límites respondían al lenguaje político, moral y jurídico de comienzos del siglo XIX.
La excepción religiosa era explícita. El artículo sexto mantenía la censura previa de los ordinarios eclesiásticos para los escritos sobre religión. Los últimos artículos regulaban también la audiencia del interesado y una vía de consulta a la Junta Suprema cuando se negara la licencia. Hablar de libertad política de imprenta permite conservar esa distinción: el decreto no suprimió toda forma de examen anterior ni extendió exactamente el mismo régimen a cualquier materia.
Autores, impresores y obras denunciadas
La norma entraba en cuestiones muy concretas del trabajo editorial. Los autores no estaban obligados a poner su nombre en los escritos, pero el impresor debía conocer quién había entregado el original. En caso contrario podía asumir la responsabilidad correspondiente al autor. Por su parte, los impresores tenían que consignar nombre y apellidos, lugar y año de impresión. El anonimato ante el público no implicaba, pues, ausencia de responsabilidades dentro de la cadena de publicación.
Para examinar las obras denunciadas se establecían una Junta Suprema de Censura, de nueve miembros, y juntas provinciales, de cinco. Ambas incluían eclesiásticos y seglares. Si una junta provincial proponía detener una obra, debía fundamentar su dictamen. El autor o impresor podía pedir copia, contestar y solicitar que el expediente pasara a la instancia superior. Estas reglas muestran que la reforma creó procedimientos de revisión al tiempo que desmontaba el control previo sobre los textos políticos.
Una fecha para leer el nacimiento del debate público
Recordar el 10 de noviembre de 1810 exige atender tanto a la apertura como a sus fronteras. El decreto reconoció la utilidad pública de discutir sobre política y puso por escrito que esa discusión podía comenzar sin autorización anticipada. También detalló quién respondía por los impresos, cómo se examinaban las denuncias y qué materias conservaban un tratamiento distinto. Su importancia histórica está en esa transformación del vínculo entre autoridad y palabra publicada, que puede seguirse directamente en sus veinte artículos.
Fuentes y crédito de imagen
Congreso de los Diputados: noviembre de 1810. Universidad Miguel Hernández, LegisHca: libertad de imprenta, 10 de noviembre de 1810. Texto del decreto publicado en la Gaceta de la Regencia del 15 de noviembre de 1810, transcripción en Filosofía en español. Congreso de los Diputados: debates de octubre de 1810.
Imagen destacada: Salvador Viniegra, La promulgación de la Constitución de 1812 (1912), Museo de las Cortes de Cádiz / Wikimedia Commons. Dominio público. Pintura posterior que ilustra el contexto constitucional gaditano; no representa la aprobación del decreto de imprenta de 1810.
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