El 1 de noviembre de 1478, el papa Sixto IV expidió en Roma la bula Exigit sincerae devotionis affectus, a petición de los Reyes Católicos. El documento, que Gonzalo Martínez Díez recoge en su Bulario de la Inquisición Española, autorizaba a Isabel y Fernando a nombrar inquisidores en sus reinos y se considera el texto fundacional de la Inquisición española.
Los antecedentes y el contenido de la bula
La persecución de la herejía no era una novedad en la Península. El Concilio IV de Letrán (1215) y varias disposiciones pontificias posteriores, como las bulas de Urbano IV (1262) y Clemente VI (1351), habían regulado el procedimiento contra el crimen de herejía. Existían además tribunales inquisitoriales en Navarra y en la Corona de Aragón desde 1238.
Según la tradición historiográfica, durante la estancia de la reina Isabel en Sevilla, entre 1477 y 1478, el dominico Alonso de Ojeda la convenció de que existían prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. La cronología exacta de la gestión de la bula se discute. José Antonio Escudero ha recordado que, según el cronista Andrés Bernáldez, la reina dejó Sevilla el 29 de septiembre de 1478, y ha planteado la posibilidad de que la petición se tramitara antes de la visita de los reyes a la ciudad.
El texto se dirigía a Fernando e Isabel como reyes de Castilla y de León y concedía a los monarcas la facultad de designar inquisidores. Sus preceptos se aplicaban a esos reinos y no a los de la Corona de Aragón. A diferencia de las inquisiciones medievales, que dependían de la autoridad eclesiástica, el nombramiento de los inquisidores quedaba en manos de la Corona, y con el tiempo el tribunal pasó a formar parte del aparato del Estado.
De la bula a los primeros tribunales
Los reyes tardaron año y medio en aplicar la bula. Durante ese tiempo promovieron una misión de evangelización y catequesis, dirigida por el cardenal Mendoza en Sevilla. El 27 de septiembre de 1480, en Medina del Campo, los Reyes Católicos nombraron a los primeros inquisidores, los frailes dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín, que comenzaron sus actuaciones en Sevilla ese mismo año.
Tras las quejas que llegaron a la Santa Sede por el modo de proceder de los inquisidores, Sixto IV los exhortó a actuar junto con los obispos. En 1482 se emitieron nuevas bulas que establecieron limitaciones y después las revocaron, y que nombraron a Íñigo Manrique de Lara, arzobispo de Sevilla, juez único de apelaciones.
En 1483, Tomás de Torquemada fue nombrado inquisidor general de Aragón por un breve de Sixto IV y, poco después, los reyes lo nombraron también inquisidor general de Castilla, con lo que unieron ambas jurisdicciones en una misma institución. El 1 de enero de 1483 los Reyes Católicos habían promulgado además la orden de expulsión de los judíos de los obispados de Sevilla, Córdoba y Cádiz.
Fuentes:
- Gonzalo Martínez Díez, Bulario de la Inquisición Española, Madrid, 1998.
- Gonzalo Martínez Díez, «Los pontífices romanos ante la Inquisición española», Revista de la Inquisición, n.º 7, 1998, pp. 81-108.
- José Antonio Escudero, «La Inquisición española», en Estudios sobre la Inquisición, Madrid, 2005.
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