América
Las licencias de embarque, los registros de la Casa de la Contratación y el propio Cervantes desmontan uno de los tópicos más repetidos sobre la presencia española en el Nuevo Mundo
Entre los reproches que se lanzan contra la presencia española en América hay uno que se repite con especial insistencia: la Corona habría vaciado sus cárceles para poblar el Nuevo Mundo. La documentación del Archivo General de Indias, las normas que acabaron reunidas en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 y los catálogos de pasajeros cuentan una historia muy distinta. España no llenó América de delincuentes.
La comparación con Inglaterra resulta reveladora. Entre 1788 y 1868 los británicos trasladaron unos 162.000 condenados a las colonias penales de Australia, y antes, hasta 1775, habían enviado más de 50.000 a sus posesiones de Norteamérica. La deportación fue allí una política penal sostenida durante generaciones. En la América española no existió nada parecido: ni convoyes regulares de presos ni un plan para poblar las nuevas ciudades con criminales llegados de la península.
Un pasaje que había que ganarse
Para cruzar el Atlántico hacía falta, en primer lugar, una licencia. Con ella, el viajero debía presentarse en la Casa de la Contratación, creada en Sevilla en 1503, cuyos oficiales comprobaban que no pertenecía a ninguno de los grupos que la legislación excluía. El solicitante aportaba además una información con testigos sobre su origen, su estado civil, sus antepasados o si había profesado votos religiosos. Las sucesivas cédulas que regulaban este control quedaron recogidas en el título dedicado a los pasajeros y sus licencias del libro IX de la Recopilación de 1680.
El sistema no era infalible. En Sevilla había intermediarios que proporcionaban papeles, hubo quien embarcó como criado de otro y quien probó suerte en la escala de Canarias, donde la vigilancia era menor. Pero cuando se descubría el fraude, se actuaba contra los infractores. Es decir, quien llegaba a las Indias con un pasado turbio lo hacía burlando la ley, no gracias a ella.
Tampoco conviene ocultar la excepción. En junio de 1497, mientras se preparaba el tercer viaje de Colón y ante el temor de que no bastaran los voluntarios, los Reyes Católicos dictaron una carta que permitía a determinados reos conmutar sus penas sirviendo en La Española. Fue una medida puntual, nacida en los primeros y caóticos años de la colonización, que no se convirtió en norma. Desde la creación de la Casa de la Contratación, la tendencia fue justamente la contraria. Y cuando, ya en siglos posteriores, algunos condenados cumplieron su pena en presidios y fortificaciones americanas, lo hicieron bajo disciplina militar y sin libertad para asentarse donde quisieran.
Ni siquiera Cervantes
El caso de Miguel de Cervantes ilustra hasta qué punto las Indias no estaban al alcance de cualquiera. A principios de 1582 escribió a Antonio de Eraso, del Consejo de Indias, para pedir un oficio en América, sin resultado. El 21 de mayo de 1590 su memorial llegó al Consejo: en él recordaba sus servicios en Italia y en Lepanto y solicitaba uno de los cuatro cargos vacantes, la contaduría del Nuevo Reino de Granada, la gobernación de Soconusco, la contaduría de las galeras de Cartagena de Indias o el corregimiento de La Paz. El 6 de junio el documento volvió con una escueta nota al margen: «Busque por acá en que se le haga merced».
Es cierto que Cervantes no pedía un simple pasaje, sino un empleo de la Corona, y que esos puestos solían repartirse más por influencias que por méritos. Pero el episodio deja una lección difícil de discutir: ni un soldado que había perdido el uso de la mano izquierda combatiendo por su rey encontró abiertas las puertas del Nuevo Mundo. Mal podía ser América el desagüe de las prisiones de Castilla.
Quienes echaron raíces al otro lado del océano fueron campesinos, artesanos, comerciantes, religiosos, funcionarios, soldados y familias enteras que buscaban prosperar. Atravesar el Atlántico no era un castigo. Era un privilegio que había que acreditar ante la administración.
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